Un debate mal planteado

*Por Hernán Scorofitz

El reciente anuncio del gobierno de Javier Milei de impulsar una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657) reabrió un debate que, lejos de ser meramente técnico o jurídico, expone un problema mucho más profundo: el agravamiento sostenido del padecimiento psíquico en la Argentina contemporánea en simultáneo a la profundización de la descomposición capitalista en nuestro país (y en todo el mundo) y sus efectos subjetivos, sanitarios y epidemiológicos. Sin embargo, la discusión pública vuelve a quedar atrapada en una -al menos- limitada y dicotómica alternativa: defender la ley vigente como un avance progresivo o rechazar la reforma por su carácter regresivo. Este encuadre, aunque comprensible, resulta no menos que insuficiente.

La reforma de Milei: restauración psiquiátrica y retroceso

El proyecto oficial del gobierno neofascista de Milei representa, sin dudas, un retroceso en varios aspectos. La rejerarquización del saber médico-psiquiátrico como autoridad exclusiva en las internaciones involuntarias, la reinstalación del hospital monovalente para los casos considerados “graves”, el desplazamiento del concepto de “padecimiento” por el de “trastorno”, y el incremento de la injerencia judicial en los tratamientos configuran un giro claro hacia la restauración de un modelo psiquiátrico clásico: centrado en el encierro, la medicalización y el control. Se trata, en términos políticos, de una tendencia a la remanicomialización bajo las formas actuales de un gobierno abiertamente reaccionario. Como “frutilla del postre”, en el proyecto oficial se elimina la obligatoriedad estatal de establecer como piso un mínimo del 10% del total del presupuesto de salud para el área de salud mental.

Una crítica anticipada: lo que ya señalábamos en 2010

Ahora bien, limitar la crítica a la defensa de la ley vigente implica desconocer su propio derrotero. En un artículo que publiqué oportunamente en Prensa Obrera en diciembre de 2010 —al momento de su sanción— y en Revista Topía Nro 61 de Abril del 2011 (“Ley Nacional de Salud Mental: ¿Qué Estamos Discutiendo?”) advertí  -prácticamente en soledad en ese entonces- ya los límites estructurales de una norma que, bajo una retórica progresista, podía convivir con procesos de privatización y ajuste. Más de quince años después, la experiencia histórica parece confirmar aquella hipótesis.

Quince años sin transformación real

Durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, la ley fue sostenida —e incluso reivindicada, mientras los principales ministerios sanitarios eran ocupados por lobistas de prepagas y pulpos farmacéuticos y laboratorios— desde distintos signos políticos. Sin embargo, no se produjo ninguna transformación sustantiva del sistema de salud mental. En muchos casos, todo lo contrario. No se desarrollaron dispositivos alternativos a escala (casas de medio camino, residencias protegidas), no se integraron -salvo casos moleculares contados con los dedos de una mano- efectivamente servicios de salud mental en hospitales generales, y no se garantizó el financiamiento necesario. Por el contrario, el vaciamiento de los hospitales monovalentes respondió más a políticas de ajuste que a una verdadera desmanicomialización.

Privatización, tercerización y precarización

En paralelo, se expandió el peso del sector privado: prepagas, clínicas y laboratorios consolidaron su lugar en el campo de la salud mental. La “desinstitucionalización” quedó, en muchos casos, reducida a una tercerización encubierta de dispositivos bajo gestión de fundaciones y ONGs subsidiadas (muchas vinculadas al clero, especialmente en el plano de los consumos problemáticos) con trabajadores y profesionales de distintas disciplinas absolutamente precarizados. El resultado fue un sistema fragmentado, insuficiente y crecientemente mercantilizado.

Más allá de la ley: una crisis social en desarrollo

Pero el problema de fondo no puede reducirse ni a una ley ni a su reforma. Los datos disponibles muestran que el deterioro en salud mental en la Argentina no es un fenómeno aislado ni atribuible exclusivamente a fallas del sistema sanitario, sino que se inscribe en un proceso más amplio de descomposición social.

Condiciones materiales y deterioro subjetivo

El incremento de la desocupación, la caída de la actividad industrial, el cierre de empresas, la expansión del pluriempleo y el crecimiento exponencial del endeudamiento de los hogares configuran un escenario de profunda inseguridad material. Familias enteras sostienen su reproducción cotidiana bajo condiciones de precariedad, endeudamiento y creciente incertidumbre. Este cuadro impacta directamente en la subjetividad y en el campo epidemiológico de la salud mental de la población, tanto en la sintomatología clínica como social.

Los indicadores epidemiológicos son elocuentes. Según datos del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA, el 6,5% de la población se encuentra en riesgo de padecer un trastorno mental. El malestar psicológico en la población adulta urbana pasó del 18,4% en 2010 al 28,1% en 2024, lo que implica que casi tres de cada diez personas presentan síntomas ansiosos o depresivos. A su vez, el 60% de la población reporta dificultades para dormir, un aumento significativo respecto al período pandémico, acompañado por un crecimiento del consumo de hipnóticos y sedantes.

Este deterioro no se distribuye de manera homogénea. Los jóvenes entre 18 y 29 años concentran los mayores niveles de ansiedad, depresión y riesgo suicida. La relación con el nivel socioeconómico es directa: a menor ingreso, mayor vulnerabilidad psíquica. El acceso al tratamiento, además, aparece severamente restringido: apenas el 29,15% de quienes lo necesitan se encuentra en atención psicológica, mientras que más del 50% de quienes no acceden consideran que deberían hacerlo.

Suicidio: el indicador límite de la crisis

El dato más extremo de esta crisis es el aumento del suicidio. Con 4.249 casos registrados en 2024, la Argentina alcanzó un récord histórico, en contraste con la tendencia a la baja en otros países. Este fenómeno no puede ser interpretado como un hecho aislado, sino como el indicador límite de un proceso de deterioro más general.

Un falso antagonismo: más allá del debate clínico

En este contexto, el debate sobre salud mental no puede quedar reducido a la comparación entre marcos legales ni a la disputa entre enfoques clínicos o teóricos. El antagonismo entre “modelo médico hegemónico” e “interdisciplinariedad” resulta insuficiente si no se interrogan las condiciones sociales que producen el padecimiento.

La crisis de la salud mental es inseparable de la crisis social. Se trata de un proceso de desorganización de la subjetividad vinculado a la precarización de la vida, la fragmentación de los lazos sociales y la pérdida de horizontes colectivos. Pretender resolverlo exclusivamente en el plano sanitario implica desconocer su raíz.

Desde esta perspectiva, tanto la implementación fallida de la ley vigente como el proyecto de reforma actual expresan, en última instancia, distintas formas de gestionar una misma crisis. Mientras una buscó regularla bajo un discurso progresista sin modificar sus bases materiales, la otra propone administrarla mediante mecanismos más directos de control, medicalización y encierro.

Qué transformación es necesaria

La tarea, entonces, no puede limitarse a defender la ley actual ni a rechazar su reforma. Implica plantear una transformación más profunda: la construcción de un sistema de salud mental público, universal y con financiamiento real, integrado al conjunto del sistema de salud, con dispositivos comunitarios efectivos y equipos interdisciplinarios con capacidad de intervención. En todo caso, el debate es bajo qué dirección política (y de clase) o bajo qué gobierno y/o régimen se puede garantizar dicho plan de transformación de la salud mental en particular, y la salud pública en general. Mientras persistan las condiciones sociales que producen el padecimiento, cualquier política en salud mental estará condenada a oscilar entre la insuficiencia y la regresión.

En definitiva, el debate sobre la salud mental es, en última instancia, un debate sobre el tipo de sociedad que produce subjetividad. Y en ese terreno, la crisis actual no admite soluciones parciales ni meramente técnicas. Cualquier intención o perspectiva de transformar el campo de la salud mental y la subjetividad es indivorciable de cualquier perspectiva de transformación social del actual régimen capitalista en descomposición.

* El autor de la columna, Lic. Hernán Scorofitz es Psicoanalista y Docente UBA. Analista y consultor en problemáticas salud mental, institucionales, políticas y laborales.