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¿Quién debe ser el dueño de la inteligencia?

Por Lucas Inostroza, codirector de Opinión Mendoza — Inteligencia artificial, datos, soberanía digital y poder global: la discusión que ya redefine la economía, la política y la seguridad del siglo XXI. Un análisis sobre el modelo tecnológico que impulsa Silicon Valley, los desafíos para Argentina y la necesidad de construir una estrategia propia frente a la revolución de la IA.

Lucas Inostroza, codirector de la consultora Opinión Mendoza, publicista y analista de datos.

Mientras gran parte de la discusión pública sigue concentrada en la inflación, las elecciones o las disputas políticas del día a día como la corrupción, una transformación mucho más profunda ya está ocurriendo frente a nosotros.

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa futurista para convertirse en una infraestructura estratégica. Como ocurrió con el petróleo durante el siglo XX o con la energía nuclear durante la Guerra Fría, la capacidad de procesar información se está transformando en una fuente central de poder económico, político y militar.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental, porque el combustible de esta nueva revolución no se extrae de la tierra, sino que se extrae de nosotros, de nuestros hábitos, conversaciones, consumos, búsquedas, vínculos sociales y comportamientos digitales constituyen la materia prima que alimenta los sistemas de inteligencia artificial más avanzados del planeta.

Por eso la discusión ya no es quién construye la mejor IA, sino quién controla los datos, y Argentina, tanto ciudadanos como principalmente sus funcionarios, todavía no parece comprender la magnitud de ese debate.

Durante años, las empresas tecnológicas nos prometieron que la inteligencia artificial democratizaría el conocimiento. Cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo, podría acceder a capacidades antes reservadas a grandes corporaciones o centros de investigación.

Pero la realidad comenzó a mostrar otra cara, ya que la inteligencia artificial requiere cantidades gigantescas de energía, infraestructura y capacidad de cómputo. También necesita enormes volúmenes de información para entrenarse y mejorar. Pero detrás de cada respuesta generada por un modelo existe una compleja red de centros de datos, inversiones multimillonarias y recursos concentrados en muy pocas manos.

Desplazando la discusión tecnológica, por una centralmente política. No política en términos partidarios, sino en el sentido más profundo de la palabra, sobre quién tiene poder y cómo lo ejerce.

Quizás ningunas figuras representen mejor esta nueva etapa que Alexander Karp y Piter Thiel, fundadores de Palantir.

En su libro The Technological Republic, Alexander Karp plantea una idea tan explícita que se vuelve inquietante: la industria tecnológica debe abandonar la obsesión por las aplicaciones de entretenimiento y volver a ponerse al servicio de los intereses estratégicos de Occidente. Según Karp, la inteligencia artificial será para el siglo XXI lo que la energía nuclear fue para el siglo XX, y quien domine estas capacidades dominará el equilibrio global de poder. Como consecuencia lógica de esta visión es que los datos dejan de ser simplemente información y se transforman en un recurso estratégico.

Palantir construyó buena parte de su crecimiento trabajando con organismos de defensa, inteligencia y seguridad. Sus plataformas permiten integrar enormes volúmenes de datos para identificar patrones, anticipar comportamientos y asistir procesos de toma de decisiones. Sus defensores, como es el caso de Donald Trump, sostienen que estas herramientas son indispensables para enfrentar amenazas complejas en un mundo cada vez más inestable. Mientras sus críticos advierten que la misma tecnología que permite detectar riesgos también puede transformarse en una infraestructura de vigilancia sin precedentes.

Aquí nace una pregunta central que debemos hacernos: ¿Quién controla a quienes controlan los datos?

Frente a esta visión aparece una perspectiva muy diferente, representada por investigadores como Alex Pentland, del MIT. Pentland parte de una idea de que los seres humanos progresamos porque compartimos conocimiento. Nuestra inteligencia no surge únicamente de individuos brillantes, sino de redes de cooperación que permiten intercambiar experiencias, construir consensos y resolver problemas comunes.

Desde esa perspectiva, los datos no deberían utilizarse principalmente para vigilar o clasificar personas, sino para fortalecer la inteligencia colectiva. La inteligencia artificial podría ayudar a mejorar sistemas educativos, anticipar problemas sanitarios, optimizar políticas públicas y facilitar mecanismos de participación ciudadana más sofisticados.

Porque no se debe tratar de reemplazar a las personas por algoritmos, sino de ampliar la capacidad humana para comprender y actuar sobre realidades cada vez más complejas.

La diferencia entre ambas miradas es bien contrapuesta. ya que una concibe la información como una herramienta para proyectar poder y concentrarlo, y la otra la entiende como una herramienta para distribuir capacidades. Aunque ambas reconocen el valor estratégico de los datos, llegan a conclusiones distintas sobre cómo deberían utilizarse.

Es precisamente en ese punto donde Argentina está llegando tardísimo a la discusión. Mientras Estados Unidos debate liderazgo tecnológico, Europa discute regulaciones para no quedarse fuera y China desarrolla un ecosistema digital propio, nuestro país sigue oscilando entre la fascinación tecnológica y la improvisación.

El gobierno de Javier Milei ha convertido a la inteligencia artificial en uno de los símbolos de su discurso modernizador. La promesa de atraer inversiones, desregular mercados y posicionar a Argentina como un polo tecnológico forma parte central de esa narrativa. Pero el problema central es que la conversación se presenta de manera superficial, y.se habla de inteligencia artificial como si fuera simplemente una nueva oportunidad de negocios.

Se celebra la posible llegada de datacenters, se anuncian proyectos vinculados a automatización y procesamiento masivo de información, pero nunca se discute quién administrará esos datos, qué controles existirán o qué nivel de soberanía conservará el país sobre recursos que serán cada vez más valiosos.

El caso del denominado Gemelo Digital Social resulta un ejemplo claro del tema.

La iniciativa promete utilizar inteligencia artificial para integrar información dispersa y mejorar el diseño de políticas públicas. Sobre el papel, el objetivo parece razonable, ya que cualquier Estado moderno necesita mejores herramientas para comprender fenómenos complejos. Sin embargo, existe una diferencia enorme entre acumular datos y comprender la realidad de estos.

Las personas no se comportan en redes sociales de la misma manera que se comportan en la vida real. Allí proyectan aspiraciones, construyen identidades y muchas veces muestran versiones idealizadas de sí mismas.Por esto pensar que una enorme base de datos puede capturar automáticamente la complejidad de una sociedad es una simplificación peligrosa.

La historia está llena de sistemas que confundieron información con conocimiento, y cuando esa confusión se traslada a las políticas públicas, los errores pueden multiplicarse a gran escala. A esto se suma otro problema, Argentina corre el riesgo de convertirse en un simple proveedor periférico y primario dentro de la nueva economía digital.

Ya que tenemos territorio para centros de datos, tenemos recursos energéticos para alimentarlos, y tenemos capacidad científica y tecnológica. Pero seguimos dependiendo de plataformas, modelos y arquitecturas diseñadas en otros países.

Podríamos terminar exportando energía, datos y talento mientras importamos las decisiones estratégicas. Esto se convertiría en una nueva forma de dependencia menos visible que las tradicionales, pero probablemente más profunda.

Por eso la discusión que deberíamos estar dando no es si estamos a favor o en contra de la inteligencia artificial. Deberíamos preguntarnos:¿Qué lugar queremos ocupar en el mundo que la inteligencia artificial está construyendo?

Si aceptamos pasivamente que nuestros datos sean extraídos, procesados y monetizados por otros, probablemente terminemos ocupando un lugar subordinado. En contraposición si creemos que la solución consiste simplemente en acumular información desde el Estado sin mecanismos sólidos de transparencia y control, correremos riesgos igualmente graves.

Entre ambos extremos existe un camino posible, donde aplicar un modelo que combine innovación con derechos ciudadanos, que promueva el desarrollo tecnológico sin renunciar a la soberanía sobre los datos, y que utiliza inteligencia artificial para ampliar capacidades humanas en lugar de reemplazarlas.

Porque la discusión más importante de nuestro tiempo no gira alrededor de las máquinas, gira alrededor de las personas, y la pregunta que terminará definiendo buena parte del siglo XXI no será quién posee la inteligencia artificial más poderosa.

Será quién posee la inteligencia que surge de nuestros datos y para qué.

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