Las reformas laborales suelen ser presentadas como momentos de ruptura. Sin embargo, en contextos de deterioro prolongado del empleo formal, muchas veces cumplen una función distinta: no inauguran una etapa, sino que institucionalizan procesos que ya estaban en marcha.

La aprobación en el Senado de la Nación Argentina de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei puede leerse en esa clave. Más que un giro abrupto del mercado de trabajo, podría tratarse de la formalización jurídica de transformaciones que el sistema laboral argentino viene experimentando desde hace años.

La pregunta relevante, entonces, no es solo qué cambió en la ley. La pregunta más profunda es si estamos ante un nuevo equilibrio o ante la regularización normativa de uno que ya se había configurado de hecho.

La ley y la estructura

La reforma reduce el peso de las indemnizaciones tradicionales, amplía la lógica del banco de horas, habilita acuerdos por empresa y redefine aspectos de la negociación colectiva. El oficialismo la presenta como modernización y mejora de competitividad. Parte de la oposición sindical la define como regresión.

Más allá de esa disputa narrativa, hay un dato estructural ineludible: Argentina tiene una fuerza laboral cercana a los 12 millones de personas y más de la mitad se desempeña en la informalidad. En términos concretos, millones de trabajadores ya carecen de estabilidad, indemnización efectiva, cobertura plena ante enfermedad o protección convencional sólida.

En ese marco, la reforma no impacta sobre un sistema homogéneo y protegido, sino sobre un mercado laboral que desde hace años convive con modalidades flexibles, contratos encubiertos, monotributización extendida y acuerdos sectoriales con componentes de productividad.

Incluso en segmentos formales bajo convenio, la incorporación de esquemas como banco de horas o flexibilidad horaria no es completamente novedosa. Sectores como comercio, gastronomía o experiencias de convenios por empresa muestran que la adaptación a esquemas más descentralizados ya formaba parte de la dinámica real.

Desde esta perspectiva, la reforma no introduce la flexibilización en el sistema. La normaliza jurídicamente.

La distancia entre norma y experiencia

El debate parlamentario suele centrarse en artículos, incisos y alcances técnicos. Pero el conflicto más profundo no se juega en el texto normativo sino en la distancia entre el derecho enunciado y el derecho efectivamente ejercido.

Para amplios sectores sociales, la estabilidad laboral dejó de ser una experiencia cotidiana mucho antes de esta votación. La contratación bajo figuras autónomas en actividades típicamente asalariadas, la fragmentación de ingresos y la pérdida de previsibilidad fueron procesos acumulativos.

Cuando una sociedad experimenta durante años la erosión progresiva de garantías formales, la modificación legislativa aparece menos como ruptura que como confirmación.

Ese fenómeno ayuda a explicar un rasgo distintivo del momento actual: la reacción social no está dominada por la ira masiva sino por una forma más silenciosa de resignación. Muchos trabajadores no perciben que están perdiendo algo; sienten que la pérdida es anterior y que la ley simplemente lo reconoce.

Representación y adaptación

La resistencia sindical a la reforma es explícita. Sin embargo, la expansión sostenida de la informalidad y la flexibilización parcial no se produjo en el vacío.

Cuando el crecimiento económico se estanca y el empleo privado registrado deja de expandirse, las organizaciones representativas tienden a concentrarse en la administración de recursos existentes antes que en la conquista de nuevos derechos. La burocratización no es un problema moral; es un fenómeno social caracterizado por la administración de recursos en un cuadro de escasez y necesidad creciente. 

La pérdida de densidad de la negociación colectiva y la fragmentación del universo laboral preceden a esta reforma. La ley interviene sobre un escenario donde la tensión histórica entre capital y trabajo ya venía alterándose.

Flexibilidad y empleo: el interrogante económico

Un punto central del debate es si la mayor flexibilidad normativa generará más empleo formal. La evidencia reciente, como mínimo, invita a la prudencia: Si no es directamente  a su negación.

La flexibilización informal y la expansión de modalidades precarias no produjeron en los últimos años un aumento sostenido del empleo privado registrado. La precariedad creció, pero el volumen de empleo formal no acompañó de manera significativa.

El empleo no depende exclusivamente del marco jurídico. Depende del crecimiento, inversión, estabilidad macroeconómica y las expectativas empresariales. Las leyes modifican incentivos y redistribuyen riesgos, pero no sustituyen la dinámica productiva.

La reforma no viene acompañada de expansión económica, al menos es lo que marca el presente de la política recesiva del gobierno nacional y su “favoritismo” por los capitales financieros. Lo más posible es que no signifique la creación masiva de puestos formales, sino la consolidación normativa de un esquema donde el “riesgo laboral” se distribuye de manera diferente, contra el asalariado.

Redistribución de riesgos y nuevo equilibrio

Toda reforma laboral redefine algo más que derechos formales: redefine la asignación de incertidumbre dentro del sistema productivo. Determina quién absorbe los costos de la volatilidad económica.

En contextos de bajo crecimiento, ese desplazamiento adquiere mayor relevancia. No se trata únicamente de modernización o regresión, sino de cómo se reconfigura el equilibrio entre empleador y trabajador en un entorno de fragilidad estructural.

Desde esta perspectiva, la reforma no inaugura el avance del capital sobre el trabajo. Consolida una asimetría que ya venía configurándose.

La cuestión decisiva no es ideológica sino práctica: si esta institucionalización servirá como punto de partida para dinamizar el empleo formal o si simplemente ordenará jurídicamente una precariedad previamente instalada.

Las leyes formalizan reglas que ya emergen de relaciones económicas previas. Los equilibrios sociales cambian cuando se modifican las relaciones económicas que sostienen esas reglas. El debate de fondo, más que parlamentario, es estructural.

Lo que es seguro y fiel a la tradición de nuestro país es, que las consecuencias las pagan los más vulnerables.