La resolución de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, desestimando su pedido de revisión, no puede analizarse exclusivamente en términos jurídicos. Su desenlace, más allá del contenido técnico del fallo, ya ha generado efectos decisivos en el escenario político argentino. La cuestión central no es si Cristina es culpable o inocente de los cargos que se le imputan – algo que podrá seguir discutiendo en tribunales – sino el momento elegido por el máximo tribunal para pronunciarse y sus implicancias para las elecciones de este año.

La coincidencia entre la ratificación de la condena y la fecha límite para la inscripción de candidaturas no parece casual. Por el contrario, alimenta la sospecha de que los tiempos judiciales respondieron a cálculos políticos. El hecho de que la Corte se pronunciara antes del 19 de julio, día en que se inscriben oficialmente las listas electorales en Buenos Aires, condiciona gravemente la posibilidad de que Cristina se presentara como candidata. En una democracia madura, esta interferencia temporal debería considerarse, cuanto menos, riesgosa.

Un Poder Judicial desprestigiado y funcional a los intereses del poder real

La Corte Suprema, que resolvió la suerte de la expresidenta, carga con un descrédito estructural. Fuertemente sospechada de responder más a las lógicas de la política y las corporaciones económicas que a la defensa de la Constitución, su imparcialidad está en duda para amplios sectores de la sociedad. No es casual que este tribunal sea visto como una institución alejada de los intereses populares, que actúa más como árbitro de las tensiones entre facciones del poder que como garante de derechos ciudadanos.

Incluso si se admite la posibilidad de que Cristina Kirchner sea culpable de los delitos que se le imputan, la selectividad de la persecución judicial es innegable. ¿Por qué solo ella llegó a una condena firme mientras otros dirigentes de peso, como el ex presidente Mauricio Macri, con múltiples causas penales de enorme gravedad institucional, como el espionaje ilegal o la estatización de la millonaria deuda de Correo Argentino, empresa familiar, permanecen impunes o beneficiados por la inacción de la Justicia? La asimetría erosiona la legitimidad del sistema y habilita la lectura de una utilización política del aparato judicial.

¿Una condena necesaria o una proscripción velada?

Una parte importante de la opinión pública —según diversas encuestas— considera justa la condena a Cristina Kirchner. En esta visión, su sanción sirve de mensaje ejemplarizante: nadie está por encima de la ley, ni siquiera una de las figuras más poderosas de la historia reciente. Pero otra porción de la sociedad —no menor en número— interpreta este proceso como un intento de proscripción, similar al que enfrentaron otros líderes latinoamericanos, como Luiz Inácio «Lula» da Silva en Brasil.

El antecedente brasileño es una advertencia: Lula fue encarcelado en plena campaña electoral de 2018 por decisión del juez Sérgio Moro, quien luego aceptaría ser ministro de Justicia del presidente electo Jair Bolsonaro. Aquella maniobra, deslegitimada con el tiempo, mostró cómo la Justicia puede ser instrumentalizada para alterar el juego democrático. La situación de Cristina despierta temores similares.

Entre legalidad y legitimidad: un dilema para la democracia argentina

El problema de fondo trasciende a la figura de Cristina Kirchner. La tensión entre la necesidad de castigar la corrupción —flagelo que erosiona las instituciones y distorsiona la economía— y la obligación de preservar la competencia democrática en condiciones justas e igualitarias es un desafío para cualquier república moderna.

¿Es aceptable que un tribunal de Justicia haya desplazado del juego electoral a una dirigente con alta representatividad, sin que medien decisiones en tribunales internacionales y sin agotar todas las instancias posibles? ¿No debería prevalecer el principio de que los ciudadanos —y no los jueces— decidan en las urnas quién puede o no representarlos? ¿Y puede esta Corte Suprema, objetada por su politización y sus vínculos con factores de poder económico, ser la garante de ese equilibrio?

Una Corte en deuda con la república de espalda al ciudadano.

La falta de confianza ciudadana en la Corte Suprema es un dato insoslayable, no puede ser de otra forma mientras haga la vista al costado de la verdadera masacre y robo que viven los trabajadores jubilados, por ejemplo. Su descrédito no solo proviene de sus fallos controversiales o de su cercanía con el establishment, sino también de la impunidad sistemática con que otros actores políticos —empresarios, gobernadores, ex presidentes— evaden las investigaciones judiciales.

El caso de Mauricio Macri es paradigmático: su sobreseimiento en causas como el espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan o el manejo de la deuda externa revela una doble vara inquietante. La falta de equilibrio en la persecución penal sugiere que el aparato judicial se activa selectivamente, según las conveniencias del momento. Esto debilita la confianza en el sistema republicano.

El país transita un momento crítico donde la combinación de Justicia débil, sistema político en crisis y economía inestable amenaza con profundizar el descreimiento en las instituciones y la democracia. Una condena electoralmente oportuna contra Cristina Kirchner, dictada por una Corte cuestionada, corre el riesgo de haberse convertido en un acto de deslegitimación institucional más que en una victoria de la ley.

La república se sostiene en la imparcialidad de sus jueces y en el respeto a la voluntad popular. Sin estos dos pilares, ni la lucha contra la corrupción ni la estabilidad política estarán garantizadas. Por eso, cualquier sentencia que defina el futuro de un líder con amplio respaldo social debería haber sido pronunciada con escrupulosa prudencia, lejos de la urgencia electoral y la presión de los poderes fácticos. De lo contrario, el remedio puede haber resultado peor que la enfermedad.