El abogado especializado en defensa del consumidor, Mario Vadillo, cuestionó con dureza el discurso del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza y apuntó directamente contra la ministra Jimena Latorre por lo que calificó como “una operación política para debilitar” la Ley Nacional de Glaciares. Según afirmó, el Gobierno provincial busca instalar falsos vacíos jurídicos con el objetivo de habilitar proyectos megamineros en zonas que la ley protege de forma explícita.
Vadillo advirtió que la ofensiva no es un simple debate técnico, sino “una estrategia articulada para fabricar confusión jurídica y avanzar sobre áreas donde la actividad minera está prohibida sin matices”. En ese sentido, sostuvo que Latorre “habla como si defendiera el agua, pero actúa como si estuviera defendiendo los intereses del lobby minero y la agenda de Alfredo Cornejo”.
El abogado aseguró que uno de los argumentos centrales del Gobierno -la supuesta falta de reglamentación de la Ley 26.639- es directamente falso. “Dicen que la ley no está reglamentada desde hace más de diez años. Eso es mentira. La ley fue reglamentada en 2011 por el Decreto 207/2011. No hay ningún vacío legal. No hay ninguna zona gris. La norma está vigente, operativa y con claridad absoluta”, afirmó. Según Vadillo, esa narrativa es funcional a un objetivo político: “Si repetís que la ley ‘no sirve’, podés justificar que las provincias la ‘adapten’ o la ‘precisen’. Y eso significa abrirle la puerta al negocio minero donde hoy está taxativamente prohibido”.
Otra de las afirmaciones que refutó es la idea de que no existe inventario del ambiente periglaciar. Según explicó, ese planteo es un artilugio que permite avanzar sobre zonas protegidas sin que se complete la información técnica. “Latorre dice que no hay inventario y que hay que construirlo ‘entre todos’. Pero el propio Gobierno reconoce que 17 de los 27 proyectos del Distrito Minero Occidental II tienen conflicto o superposición con ambiente periglaciar. No saben dónde empieza ni dónde termina, pero igual mandan el paquete minero a la Legislatura”, aseguró. Para Vadillo, “cambiar la palabra ‘perforación’ por ‘relevamiento científico’ no convierte una violación ambiental en una acción neutra”.
El abogado también se refirió al caso de los proyectos “Piedras Verdes” y “Mel”, rechazados por el Gobierno provincial por estar ubicados directamente sobre glaciares. Para él, esa decisión fue utilizada como maniobra comunicacional. “Bajaron dos proyectos que no tenían salvación jurídica y usan eso para mostrar rigor técnico. Pero dejan avanzar 27 que están rodeados de las mismas inconsistencias. Si ni siquiera está bien delimitado el ambiente periglacial, habilitar exploración es lisa y llanamente ilegal”, afirmó. Citó además observaciones académicas de la UNCuyo y cuestionamientos técnicos que señalan la falta de estudios hidrológicos básicos y la ausencia de evaluación de impactos acumulativos.
Vadillo también cuestionó la “Guía de Glaciares y Ambiente Periglacial” presentada por el Gobierno provincial, a la que calificó como “un caballo de Troya”. Según explicó, “una guía técnica no puede modificar una ley nacional, no puede flexibilizar zonas de protección ni puede reemplazar un inventario oficial. Si la guía dice que servirá para ‘delimitar futuras zonas periglaciares’, entonces reconoce que el relevamiento se hará después de permitir la entrada. Primero la minera, después el mapa. No hay política ambiental más temeraria”.
El abogado remarcó que el contexto hídrico de Mendoza vuelve aún más grave la intención de avanzar sobre zonas de alta sensibilidad: “Los glaciares retroceden y las reservas de agua se achican. Cada parche de hielo, roca congelada o suelo helado es infraestructura hídrica, no paisaje. Relativizar el ambiente periglacial en una provincia que vive de su montaña es un acto de negación técnica e histórica”, indicó.
Por último, Vadillo criticó el argumento institucional utilizado por la ministra sobre la necesidad de “aclarar” competencias entre Nación y provincias. “Cuando hablan de indefinición jurídica, siempre es para favorecer un proyecto minero, nunca para proteger un glaciar. Latorre no habla como autoridad ambiental: habla como operadora técnica de una estrategia económica pactada entre Nación, gobernadores mineros y las empresas que presionan para acelerar proyectos”, afirmó.
Y concluyó: “Lo que está en juego no es un tecnicismo. Es la frontera del agua. Si permiten avanzar sobre el periglaciar, están hipotecando el futuro de Mendoza bajo el disfraz de una discusión técnica que no existe”.
