El nuevo esquema de subsidios energéticos impulsado a nivel nacional no elimina formalmente la asistencia estatal, pero sí introduce un cambio profundo en sus reglas de funcionamiento. Así lo sostuvo el abogado y ex legislador provincial Mario Vadillo, quien definió al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) como “un ajuste silencioso” que impactará de manera progresiva en el bolsillo de millones de hogares.

Según explicó el referente del Partido Verde, el subsidio “no desaparece”, pero deja de ser un derecho amplio y automático para convertirse en un beneficio condicionado. “Ahora hay topes de consumo y evaluaciones permanentes. Ya no alcanza con estar subsidiado: importa cuánto se consume, quién figura como titular del servicio, quiénes viven en el hogar y qué dicen los registros del Estado sobre esa vivienda”, señaló.

Vadillo aclaró que el traspaso del antiguo Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) al ReSEF es automático, por lo que los usuarios inscriptos no deben realizar nuevos trámites. Sin embargo, advirtió que esa continuidad “no garantiza nada”, ya que el sistema reevalúa de manera constante la situación de cada hogar. En ese sentido, remarcó que una eventual exclusión constituye una decisión administrativa que afecta servicios esenciales y, como tal, puede ser impugnada. “No es un favor del Estado: es un acto administrativo que debe estar debidamente fundado”, afirmó.

En materia de electricidad, el nuevo esquema introduce límites claros al consumo subsidiado. Durante los meses de mayor demanda —enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre— el subsidio alcanza hasta 300 kWh mensuales. En los meses templados —marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre— el tope se reduce a 150 kWh. Todo consumo que supere esos valores se paga a tarifa plena, aun cuando el usuario continúe formalmente dentro del ReSEF. “El subsidio no se pierde de golpe, pero se vuelve insuficiente. El usuario sigue subsidiado en los papeles, pero la boleta sube igual”, explicó.

A esto se suma una bonificación adicional transitoria en electricidad que comenzó a aplicarse en enero y que se reducirá mes a mes, hasta quedar únicamente el subsidio base del 50 % hacia fin de año. “No hay un anuncio de quita, pero el alivio se va achicando con el correr de los meses. Por eso hablamos de un ajuste silencioso”, advirtió.

En cuanto al gas natural por redes, Vadillo indicó que se mantiene un subsidio general del 50 % entre abril y septiembre, coincidente con el período de mayor consumo por calefacción. Entre octubre y marzo, en cambio, no rige un subsidio general, salvo regímenes específicos. Paralelamente, continúa vigente el régimen de Zona Fría, establecido por ley nacional, que se aplica en regiones de bajas temperaturas como Mendoza y gran parte del interior del país. Este beneficio se refleja como un descuento directo en la factura: del 50 % para jubilados, pensionados, beneficiarios de planes sociales y hogares de menores ingresos, y del 30 % para el resto de los usuarios residenciales alcanzados. “Es un subsidio clave, porque reconoce que en invierno el consumo no es una elección, es una necesidad”, subrayó.

De acuerdo con estimaciones oficiales citadas por Vadillo, cerca de 7,5 millones de hogares —casi el 45 % del total del país— quedarían excluidos del esquema de subsidios con el nuevo sistema. Otros 9 millones mantendrían algún nivel de asistencia, aunque condicionado por topes de consumo y bonificaciones decrecientes. El dirigente alertó que la exclusión “no es automática ni transparente”, ya que depende del cruce de datos que realiza el ReSEF con organismos como ANSES, AFIP/ARCA, registros de la propiedad, registros automotores y consumos financieros.

“El análisis ya no es individual, sino por hogar. Si el sistema detecta varias personas viviendo en el mismo domicilio, suma ingresos, bienes y consumos. Con ese cómputo conjunto puede retirar el subsidio, incluso cuando uno de los integrantes tenga ingresos bajos”, explicó.

En ese marco, Vadillo puso especial énfasis en la titularidad de los servicios. “Si en una vivienda vive una persona con Certificado Único de Discapacidad, un jubilado o alguien con ingresos bajos, es importante que el servicio esté a nombre de esa persona, siempre que efectivamente resida allí. No es un atajo ilegal, es ordenar la titularidad para reflejar la realidad del hogar y evitar decisiones injustas del sistema”, sostuvo.

Por último, señaló que el ReSEF convierte a los hábitos de consumo y a la eficiencia energética en variables centrales. “El sistema no castiga al que consume poco, castiga al que se pasa del tope. Y ese castigo no llega con un anuncio rimbombante: llega mes a mes, kilovatio a kilovatio, cuando el consumo cruza el techo que ahora tiene el subsidio”, concluyó.