El secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho, cuestionó con dureza la política sanitaria del Gobierno provincial y denunció incumplimientos sistemáticos por parte del Ministerio de Salud, encabezado por Rodolfo Montero. En diálogo con este medio, Macho advirtió que la situación del sector “es crítica” y que “el Ejecutivo busca imponer una reforma laboral encubierta que precariza aún más al personal de la Salud”.
—¿Cuál es hoy la situación del sector sanitario en Mendoza?
—Lamentablemente, Mendoza se ha posicionado como la provincia que tiene los salarios más bajos del país en el sector de la Salud. Hablamos de enfermeros, técnicos, administrativos, personal de servicios generales y mantenimiento que cobran en promedio $660.000, muy por debajo de la canasta básica. Un trabajador con 10 años de antigüedad llega con suerte a $700.000, pese a las condiciones insalubres en las que trabaja.
El Gobierno no abre paritarias, mantiene los sueldos congelados y sobrecarga al personal. Es una política de abandono total.
—Usted ha mencionado distintos incumplimientos por parte del Ministerio de Salud. ¿Cuáles son los principales?
—Son varios y todos graves.
Primero, no se reconoce a los licenciados en Enfermería como profesionales de la Salud, pese a que ATE ya presentó toda la documentación y el Gobierno debería haber hecho el cambio de régimen correspondiente.
Segundo, no se paga la productividad: por ley, hasta el 40% de la recaudación hospitalaria debería destinarse a los trabajadores, pero nadie sabe dónde está ese dinero.
Tercero, no se avanza con el pase a planta de los trabajadores precarizados. Tenemos más de 2.300 personas en esa situación, algunas con más de seis años de antigüedad.
Cuarto, se incumplen las medidas de seguridad, higiene y bioseguridad: falta indumentaria, hay problemas edilicios, mal clima laboral y persecución a quienes reclaman.
Y quinto, el Gobierno sigue avanzando con la privatización del sistema sanitario, tercerizando servicios esenciales como cocina, vigilancia, maestranza y administración.
A eso se suma un sexto punto: la coacción a los sindicatos y trabajadores para que acepten una reforma laboral que recorta derechos adquiridos.
—¿Qué implica esa reforma laboral que denuncia ATE Mendoza?
—Es una reforma que elimina los adicionales en blanco y los vuelve variables, que podés cobrar un mes y otro no, según una evaluación arbitraria. También recorta grados de carrera, licencias, estabilidad y funciones. Es decir, una precarización total del empleo público.
Con esta reforma, muchos trabajadores terminarían jubilándose con el haber mínimo. Además, desaparecen las jefaturas y se habilita que un empleado pueda ser sancionado y cobrar menos, sin derecho a defensa.
Todo esto vulnera derechos establecidos en la Ley 9068, en la Constitución Provincial y Nacional. Es una maniobra del Ejecutivo para reducir el costo laboral a costa de los derechos de la gente.
—¿Han presentado denuncias formales ante las autoridades?
—Sí. Desde ATE Mendoza denunciamos todo esto en la Subsecretaría de Trabajo, en las cámaras laborales y también ante la Fiscalía de Estado. Exigimos el cumplimiento de los acuerdos paritarios, el pase a planta, el reconocimiento profesional y el pago de la productividad.
Pero el Gobierno sigue mirando para otro lado, mientras la crisis sanitaria se agrava y los hospitales se caen a pedazos.
—¿Cómo evalúa la postura del Gobierno frente a las paritarias?
—Totalmente cerrada. Pedimos una recomposición salarial en blanco y sin variables, pero el Ejecutivo insiste con una reforma laboral. Los trabajadores de la Salud son esenciales, pero son los más relegados. Y algunos sindicatos minoritarios, lamentablemente, firman acuerdos funcionales al poder, perjudicando al conjunto del personal.
—Usted también ha hablado de persecución laboral. ¿Qué está ocurriendo?
—Hay una persecución sistemática a los trabajadores que se organizan, que participan de asambleas o se manifiestan. Muchos son observados, algunos cesanteados, a otros se les recorta el salario sin justificación.
El Gobierno busca disciplinar a quienes reclaman sus derechos. Esta reforma laboral es parte de eso: una herramienta de castigo y control, que elimina la salud pública como derecho y deja a los trabajadores en la miseria.
—¿Qué reclamos mantiene hoy ATE Mendoza?
—Exigimos la inmediata apertura de paritarias, el cumplimiento de los acuerdos firmados y el fin de la persecución. Queremos una mesa de negociación formal y seria.
No pedimos privilegios, pedimos que los trabajadores de la Salud puedan vivir con dignidad y que Mendoza deje de tener los salarios más bajos de la Argentina.
