Sin transparencia se debilita la legitimidad.

Por Magister Fernanda Bernabé*

El presupuesto no es un trámite administrativo. Es la norma más relevante de una universidad pública: define prioridades, orienta políticas y traduce en números un proyecto institucional. Por eso, el modo en que se debate y aprueba es tan importante como su contenido.

En la Universidad Nacional de Cuyo, el proceso de aprobación del presupuesto 2026 deja interrogantes. El proyecto fue enviado el 29 de diciembre y aprobado en general al día siguiente, con un debate breve. Las partidas específicas, postergadas para febrero, se votaron hoy con 26 votos afirmativos y 10 negativos. Más allá del resultado, lo preocupante es la calidad institucional del procedimiento.

En ambas instancias se solicitaron mayores precisiones, información desagregada y mejores condiciones para el análisis. Solo hubo una reunión de comisión y, en el recinto, muchas respuestas se formularon en un lenguaje técnico que dificultó la comprensión. Cuando los tiempos son acotados y el intercambio es superficial, la deliberación pierde profundidad.

Desde la perspectiva del Estado Abierto desarrollada por Oscar Oszlak, la transparencia no se agota en cumplir formalidades ni en publicar documentos. También exige que la información sea accesible y comprensible. La opacidad puede surgir no por ausencia de datos, sino por mecanismos, tiempos y lenguajes que restringen la participación efectiva. Una universidad abierta no solo habilita canales formales: genera condiciones reales para que su comunidad comprenda, debata e incida en las decisiones estratégicas.

Este debate adquiere mayor relevancia en el actual contexto de crisis presupuestaria que atraviesa el sistema universitario público. La escasez de recursos, la pérdida del poder adquisitivo docente y las dificultades cotidianas para sostener funciones básicas obligan a extremar criterios de racionalidad y responsabilidad en la asignación de fondos.

Sin embargo, algunas decisiones presupuestarias no parecen reflejar esa situación. El incremento de 31 cargos jerárquicos en los últimos años y la previsión de gastos de capital por montos cercanos a los 500 millones de pesos —como la adquisición de un camión y una retroexcavadora— plantean interrogantes sobre las prioridades establecidas. En un escenario de restricciones, cada partida expresa una definición política.

La pregunta de fondo es qué modelo de universidad proyecta este presupuesto. ¿Qué áreas se fortalecen? ¿Qué funciones se consideran estratégicas? Sin información clara y debate suficiente, esas definiciones quedan concentradas en pocos actores y se debilita el principio de cogobierno que caracteriza a la universidad pública argentina.

Defender la universidad pública no es solo garantizar su financiamiento; es también sostener estándares altos de responsabilidad institucional. La transparencia no debilita la gestión: la legitima. La apertura no entorpece las decisiones: las mejora.

La Universidad Nacional de Cuyo es una institución valiosa, con una trayectoria que merece ser cuidada. Precisamente por ello, la discusión de su presupuesto debe estar a la altura de esa historia: con información accesible, tiempos razonables y debates sustantivos. La transparencia no es un eslogan; es una condición esencial para sostener la calidad democrática de la vida universitaria.

*La autora de la columna de opinión, Magister Fernanda Bernabé, es Docente Titular – FCPyS y Directora Académica del Centro de Estudios «Estado e Innovación Pública” de la UNCuyo.