La protesta tuvo como epicentro la Legislatura mendocina y reunió a sindicatos y organizaciones sociales que calificaron la iniciativa como “regresiva” y “esclavizante”.
La votación en la Cámara de Senadores de la Nación Argentina encendió aún más el clima de confrontación. Para la dirigencia sindical, el avance parlamentario se produjo de espaldas a la realidad social y económica que atraviesan los trabajadores. El telón de fondo es una coyuntura marcada por pérdida de poder adquisitivo, caída del consumo y deterioro de servicios públicos.
Adriana Iranzo, secretaria adjunta de ATE y de la CTA Autónoma Mendoza, sostuvo que el proyecto “no contiene un solo artículo que beneficie a la clase trabajadora”. Según advirtió, la reforma habilitaría la eliminación de indemnizaciones, la flexibilización de jornadas y vacaciones y la ampliación de modalidades contractuales precarias. “Es un retroceso en derechos conquistados durante décadas”, planteó.
En un tono más crudo, Iranzo describió un escenario social que contrasta con los indicadores oficiales. “Las familias trabajadoras no llegan a fin de mes, los jubilados no pueden pagar sus remedios, las escuelas y hospitales están deteriorados. La realidad del pueblo no es la que viven los funcionarios”, afirmó, cuestionando la brecha entre estadísticas macroeconómicas y experiencia cotidiana.
En la misma línea, Romina Castro, secretaria general de la CTA Autónoma Mendoza, apuntó contra la desigualdad creciente y la falta de respuestas estructurales. “No podemos permitir una reforma que profundiza la pobreza. Vemos más personas en situación de calle y salarios que no alcanzan. ¿Qué políticas hay para revertir esto?”, interpeló desde el escenario montado frente a la Casa de las Leyes.
El secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho, apeló a la memoria histórica del movimiento obrero argentino. “Si la reforma avanza, tendremos que multiplicar la movilización como en jornadas históricas del pueblo trabajador”, sostuvo, en alusión a hitos de protesta social que marcaron la agenda política nacional. Para Macho, la reforma laboral forma parte de un programa más amplio de ajuste impulsado por el presidente Javier Milei y el gobernador Alfredo Cornejo, al que definió como “lesivo para el empleo y la industria nacional”.
Más allá del tono combativo, el trasfondo del debate remite a una discusión estructural: ¿puede una economía en retracción recomponerse debilitando los ingresos laborales? Los sindicatos sostienen que no. Argumentan que la masa salarial es el motor del consumo en comercios de barrio y pymes, y que precarizar el empleo implicaría profundizar la caída de la demanda interna.
Desde el oficialismo nacional se defiende la reforma como una herramienta para dinamizar el mercado laboral y atraer inversiones. Sin embargo, el paro mendocino evidenció que, al menos en amplios sectores sindicales, predomina la percepción de que el proyecto implica una transferencia de poder desde el trabajo hacia el capital.
La jornada concluyó con un llamado explícito a la unidad de jubilados, estatales y trabajadores privados. “Debemos dejar de lado diferencias y defender juntos nuestros derechos”, expresó Macho. El mensaje, con guiños a la tradición del movimiento obrero, anticipa un escenario de conflictividad creciente si la iniciativa avanza en la Cámara de Diputados.
La discusión recién comienza. Y en Mendoza, quedó claro que el sindicalismo no está dispuesto a ceder sin dar pelea.
