La sesión estuvo marcada por el debate político y el cuestionamiento social.

La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó este martes, por amplia mayoría, un paquete de cuatro iniciativas vinculadas a la actividad minera, entre ellas la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino —conocido como Proyecto San Jorge—, que concentró la mayor parte del debate y despertó movilizaciones simultáneas en las calles. Las propuestas ahora pasan al Senado, donde se prevé su tratamiento definitivo en los próximos días.

Una sesión extensa y con fuerte cuestionamiento social afuera

Desde primeras horas de la mañana, organizaciones socioambientales, vecinos de Uspallata y asambleas ciudadanas se congregaron frente a la Legislatura para expresar su rechazo a los proyectos. Las manifestaciones rememoraron episodios previos de conflictividad minera en Mendoza y pusieron en primer plano las diferencias persistentes entre quienes promueven estas iniciativas y quienes consideran que no cuentan con licencia social.

Dentro del recinto, la sesión comenzó pasado el mediodía, luego de que Cambia Mendoza aguardara la definición del peronismo. Los primeros tres proyectos —creación del Fondo de Compensación Ambiental, regulación de regalías mineras y aprobación de 27 Declaraciones de Impacto Ambiental correspondientes al Malargüe Distrito Minero Occidental II— fueron aprobados con amplias mayorías y escaso debate. El eje central de la discusión llegó al tratarse el PSJ Cobre Mendocino.

PSJ Cobre Mendocino: defensa oficialista y cuestionamientos opositores

La DIA del proyecto San Jorge obtuvo 32 votos afirmativos y 13 negativos. La iniciativa prevé una inversión de 559 millones de dólares para la explotación de cobre en Uspallata y representa la reactivación de un emprendimiento rechazado por unanimidad en 2011.

Desde el oficialismo, el jefe del Interbloque de Cambia Mendoza, Enrique Thomas, sostuvo que la provincia “necesita recuperar dinamismo económico” y que el proyecto forma parte de “una nueva minería, con reglas de juego claras, controles estrictos y transparencia”. Defendió la idea de que los cambios tecnológicos y normativos permiten “procesos más seguros” y subrayó que la actividad podría impulsar empleo privado y desarrollo para la zona de Uspallata, donde —según remarcó— predominan empleos públicos y altos índices de pobreza.

Thomas también argumentó que el contexto actual difiere del de hace 14 años: “La empresa que comete irregularidades paga las consecuencias en todo el mundo”, dijo, y afirmó que el gobierno provincial busca alinearse con la estrategia nacional que considera a la minería como uno de los motores del crecimiento.

Jose Luis Ramon, Jorge Difonso y Emanuel Fugazzoto junto a otros diputados presentaron despachos en minoría, que parten del rechazo al proyecto oficial.

El Interbloque del PJ, en cambio, explicó su rechazo señalando incumplimientos de requisitos establecidos por la Ley 7722. Su presidente, Germán Gómez, afirmó que el peronismo “está a favor de la minería” pero consideró que esta propuesta “no reúne las condiciones necesarias” y criticó que el oficialismo avanzara sin un consenso político más amplio. Recordó que, durante su gestión, el PJ también había impulsado el proyecto, aunque terminó retirándose al no lograr mejoras sustanciales.

Señalamientos técnicos y controversias externas

Fuera del recinto, organizaciones de Uspallata y especialistas del ámbito científico reiteraron objeciones ambientales y riesgos para el agua y la biodiversidad. Diversos científicos habían presentado observaciones técnicas al proyecto, y en los días previos se produjo una controversia luego de que un comunicado del CONICET —donde se advertían puntos críticos de la DIA— fuera dado de baja del sitio oficial, hecho denunciado por trabajadores del organismo y Jose Luis Ramon dentro del recinto.

Los opositores sostienen que la falta de licencia social persiste y rechazan que el avance legislativo se haya producido mientras se mantenía un clima de protesta masiva. También reclaman la creación del área protegida Uspallata–Polvaredas.

Los otros tres proyectos: fondos, regalías y expansión exploratoria

El primer proyecto aprobado crea un Fondo de Compensación Ambiental para intervenir ante daños ambientales colectivos, emergencias o situaciones en las que los responsables no puedan ser identificados. Será financiado con multas, aportes vinculados a DIAs, indemnizaciones y otras fuentes, y podrá destinarse a restauración ecológica y mitigación de impactos.

El segundo regula las regalías mineras y adecua las percepciones provinciales a la Ley Nacional de Inversiones Mineras, fijando un máximo del 3% sobre el valor boca mina. El 88% de los recursos quedará en Rentas Generales —de los cuales un 15% se orientará al Fondo de Desarrollo Socioambiental—, mientras que el 12% será para los municipios productores que adhieran al régimen.

El tercero corresponde a la segunda etapa del Malargüe Distrito Minero Occidental II e incorpora 27 proyectos de exploración que han superado audiencias públicas y evaluaciones técnicas de organismos provinciales, nacionales y académicos. Con estas aprobaciones, Malargüe suma un total de 65 emprendimientos exploratorios.

Un debate que seguirá abierto en el Senado y en la sociedad

El tratamiento legislativo continuará en el Senado. Más allá de las posiciones políticas expresadas en el recinto, la discusión muestra una fuerte polarización social: mientras sectores del gobierno y parte de la oposición plantean la necesidad de avanzar en una matriz productiva que incluya minería bajo estándares modernos, las organizaciones ambientalistas y comunidades de montaña consideran que estos proyectos implican riesgos inaceptables y un retroceso en la protección hídrica de la provincia.

La sesión dejó en evidencia que, más de una década después del rechazo inicial a San Jorge, la minería en Mendoza continúa siendo un punto de fuerte tensión entre visiones de desarrollo económico, demandas ambientales y reclamos de participación social.