El portón amaneció cerrado y un cartel frío confirmó lo peor. Mientras la mayoría de la planta estaba de vacaciones, la histórica fábrica de neumáticos FATE bajó sus persianas sin previo aviso. Para 920 trabajadores —y sus familias— la noticia llegó como un mazazo: de un día para otro, el sustento quedó suspendido.

Desde temprano, los obreros comenzaron a concentrarse en Virreyes junto al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). Entre abrazos, bronca contenida y llamados desesperados, el clima fue el de trabajadores apoyándose mutuamente cuando la perdida del empleo ya no es una posibilidad. “No son números: son hogares”, repiten puertas afuera.

En conferencia de prensa, el secretario general del gremio, Alejandro Crespo, denunció el cierre intempestivo y advirtió que la empresa incumple un compromiso de no despedir personal hasta mediados de 2026. Recordó, además, que llevan 14 meses sin aumentos salariales. “Este holding tiene espalda para resolverlo. Acá se está eligiendo reemplazar trabajo argentino por importaciones”, afirmó, mientras la policía bonaerense militarizaba la zona y él mismo era retenido brevemente antes de ser liberado.

La patronal atribuyó la decisión al ingreso indiscriminado de neumáticos del exterior. Pero detrás del comunicado aparece un grupo empresario de peso, conducido por Javier Madanes Quintanilla, también titular de Aluar. En el marco del giro económico impulsado por el presidente Javier Milei, la apertura importadora volvió a poner en jaque a la industria local. El resultado, esta vez, fue drástico: una planta con más de 80 años de historia cerrada y casi mil familias en la calle.

FATE no era una fábrica más. Fue la única productora nacional de neumáticos radiales para transporte y durante décadas abasteció tanto al mercado interno como a exportaciones a Europa y Estados Unidos. Su caída se suma a un deterioro prolongado del sector, que también integran Bridgestone y Pirelli, atravesado por importaciones baratas, restricciones para insumos, conflictos laborales y una demanda doméstica en retroceso.

Desde el sindicato sostienen que el salario no explica el cierre: hubo capitalizaciones millonarias en 2019 y, aun así, la empresa siguió operando. “Siguen ganando dinero; ningún balance dio negativo”, remarcan. La sensación en la puerta de la planta es que se está usando la coyuntura para avanzar contra el empleo, justo cuando el Congreso discute una reforma laboral que los trabajadores consideran regresiva.

Mientras tanto, el impacto ya es concreto. Hay chicos que volverán del colegio a una casa sin ingresos, alquileres que no saben cómo pagarse y mesas familiares que quedarán más vacías. Por eso el SUTNA convocó a todas las organizaciones obreras y exige la reapertura inmediata de la planta y la defensa de cada puesto de trabajo.

No es solo un conflicto industrial. Es un drama social que golpea en silencio. Y detrás de cada legajo, hay una historia que hoy pide algo elemental: trabajo, dignidad y futuro.