En una asamblea realizada en la sede central del sindicato, con la participación de delegados y referentes de toda la provincia, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Mendoza definió el rechazo contundente a la reforma laboral que el gobernador Alfredo Cornejo busca implementar mediante modificaciones al convenio colectivo del sector Salud.

El secretario general de ATE, Roberto Macho, calificó la iniciativa como “ilegal e inconstitucional”, señalando que avanza contra derechos adquiridos, licencias por maternidad y discapacidad, e incluso sobre la estabilidad de trabajadores de planta permanente. “Lo que el Gobierno pretende es meter figuras de interinos y cargos fuera de nivel para favorecer a asesores y allegados políticos, mientras enfermeros siguen cobrando 700 mil pesos. Es legalizar ñoquis dentro del Estado”, denunció.

Extorsión y coacción en paritarias

Macho sostuvo que el Ejecutivo provincial condiciona los aumentos salariales a la firma del gremio sobre la reforma: “El Gobierno nos dijo que si no firmamos la modificación del régimen 05 y 15, no vamos a tener incremento. Eso es extorsión y coacción”. En este sentido, acusó discriminación hacia el sector Salud, que aún no ha cerrado paritarias, a diferencia de otros ámbitos de la administración pública.

Además, denunció que el proyecto habilita recortes de hasta el 85% en las indemnizaciones para trabajadores con más de 20 años de servicio. “Estamos frente a una reforma que perjudica a estatales y también impacta en el sector privado, porque toca el Estatuto del Empleado Público y los convenios colectivos”, advirtió.

Plan de lucha: paros y movilizaciones

La asamblea definió un plan de lucha que comenzará la próxima semana con asambleas, retención de servicios y huelga en todos los sectores estatales, incluyendo hospitales, registros civiles, organismos federales y puestos fronterizos. “Se garantizarán guardias mínimas en Salud, pero el resto de la administración provincial quedará paralizada”, adelantó Macho.

El dirigente convocó a la unidad de sindicatos estatales, privados, estudiantiles y organizaciones sociales para enfrentar lo que calificó como “una avanzada del mileísmo en Mendoza”. Y sentenció: “No vamos a firmar una reforma que deje a 2.300 trabajadores en la calle. Si nosotros no tenemos paz, ellos tampoco”.