El conflicto salarial entre el Gobierno de Mendoza y la ATE Mendoza sumó un nuevo capítulo luego de que el Ejecutivo provincial decidiera cerrar la negociación paritaria y avanzar con un aumento salarial por decreto para los trabajadores representados por el gremio.
Según trascendió desde la administración provincial, la suba se mantendría en los términos de la primera oferta oficial: un incremento del 5% en marzo y 2% en mayo, no acumulativo y calculado sobre los salarios de diciembre de 2025. La decisión se tomó luego del endurecimiento de las medidas de fuerza convocadas por el sindicato durante el proceso de negociación.
Desde ATE rechazaron de plano la medida y acusaron al gobernador Alfredo Cornejo de romper la negociación colectiva.
El secretario general del gremio, Roberto Macho, calificó la decisión como “autoritaria” y aseguró que vulnera las normas que regulan la negociación paritaria.
“Es un decreto de hambre que viola las normativas internacionales, nacionales y provinciales de negociación colectiva. Nada tiene que ver lo que está haciendo el Gobierno con la realidad económica que atraviesan los trabajadores”, afirmó.
Críticas al porcentaje y al impacto real del aumento
Macho sostuvo que el porcentaje anunciado por el Ejecutivo no representa una mejora real del poder adquisitivo. Según explicó, el incremento anunciado como del 10% —sumando distintos tramos— en realidad se traduce en un aumento efectivo cercano al 7%, ya que no es acumulativo.
El dirigente señaló que, en algunos casos, el impacto real en el salario será mínimo.
“Un trabajador con tres años de antigüedad que hoy cobra alrededor de 648.000 pesos por 40 horas semanales tendría un aumento real de apenas unos 8.000 pesos, a los que luego hay que descontar aportes de obra social, jubilación e impuestos”, explicó.
Para el sindicato, el incremento queda muy lejos de compensar la inflación y el aumento del costo de vida en la provincia.
Denuncias y conflicto abierto
Desde ATE Mendoza también vincularon la decisión del Ejecutivo con el clima de tensión generado durante las paritarias, donde el gremio aseguró haber presentado denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
Según Macho, durante la negociación se expusieron expedientes relacionados con el destino de recursos del sistema de salud y otros reclamos vinculados a la situación laboral del sector estatal.
El dirigente sostuvo además que el sindicato denunció la existencia de más de 2.400 trabajadores en situación de precarización laboral dentro del Estado provincial.
En ese marco, el gremio adelantó que presentará nuevas acciones judiciales contra la decisión del Gobierno y que insistirá en denunciar lo que considera prácticas antisindicales.
“Estas medidas serán nuevamente denunciadas en las cámaras laborales y en la Justicia. Lo que se está aplicando es una práctica antisindical que ya está contemplada en el artículo 53 de la Ley de Asociaciones Sindicales”, sostuvo Macho.
Un conflicto que sigue escalando
El conflicto entre el Gobierno provincial y ATE se intensificó en las últimas semanas, luego de que el sindicato convocara a medidas de fuerza en medio de la negociación salarial.
Desde el Ejecutivo justificaron el aumento por decreto como una forma de garantizar la liquidación de haberes y sostuvieron que no existe margen fiscal para modificar el esquema propuesto.
En cambio, desde el sindicato consideran que la decisión busca cerrar la discusión sin resolver los reclamos salariales de los trabajadores estatales.
El escenario ahora abre un nuevo capítulo de tensión sindical, con la posibilidad de nuevas protestas y acciones judiciales mientras el Gobierno avanza con la aplicación del incremento por decreto.
Así mismo desde el sindicato informaron que haran una conferencia de prensa a las 12hs en su sede en la calle Belgrano 1358 de Ciudad.
