La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Mendoza anunció una jornada de paro, sin asistencia a los lugares de trabajo, con movilización y concentración para el miércoles 11 de febrero, en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y en reclamo por la urgente apertura de paritarias en todos los sectores estatales.
La medida alcanzará a trabajadores de Salud, Desarrollo Social, Administración Central, Educación, organismos nacionales y municipales, y se enmarca en un clima de creciente malestar por el deterioro salarial, la falta de negociación colectiva y las denuncias por prácticas antisindicales en la administración pública provincial.
Críticas a la reforma laboral y a la política salarial
Desde ATE señalaron que la convocatoria al paro es la continuidad de un proceso de lucha que se viene desarrollando desde el año pasado, cuando el Gobierno provincial intentó condicionar los aumentos salariales a la aceptación de reformas laborales sectoriales.
En ese marco, Adriana Iranzo, secretaria adjunta de ATE y de la CTA Autónoma Mendoza, remarcó que la organización rechazó de plano esa modalidad de negociación.
“Mendoza fue pionera en la lucha colectiva contra la reforma laboral. El Gobierno intentó imponerla condicionando las paritarias, pero como sindicato mayoritario no accedimos a firmar ningún acuerdo que fuera en detrimento de los derechos conquistados por los trabajadores a lo largo de la historia”, sostuvo.
Iranzo recordó además que, si bien algunos gremios minoritarios aceptaron negociar bajo esas condiciones, el Ejecutivo provincial no puede avanzar con una reforma laboral generalizada sin el aval de ATE Mendoza, organización mayoritaria en el sector estatal.
Denuncias por prácticas antisindicales
La dirigente sindical puso especial énfasis en las denuncias por maniobras de presión y persecución gremial, que ATE viene realizando desde fines del año pasado.
“Estamos resistiendo políticas de hambre que buscan amedrentar y disciplinar a los trabajadores. Hay jefes y directivos que llaman a compañeros para que firmen reformas laborales y se desafilien de ATE. Son prácticas claramente antisindicales”, afirmó.
En la misma línea, Iranzo cuestionó otras decisiones del Gobierno provincial, como los aumentos salariales otorgados por decreto, la implementación de mecanismos digitales para facilitar la desafiliación sindical, la falta de convocatoria a paritarias y el incumplimiento de acuerdos homologados.
“En síntesis, se trata de políticas antisindicales y profundamente antidemocráticas”, agregó.
Infraestructura deteriorada y abandono del Estado
Desde ATE también vincularon el reclamo salarial y laboral con el estado de la infraestructura pública. Las recientes contingencias climáticas, señalaron, dejaron expuestas graves falencias en hospitales y edificios públicos.
“Es parte del abandono que venimos denunciando desde hace años: la pérdida de un Estado garantista de derechos, como lo es la salud pública, que está consagrada en la Constitución”, expresó Iranzo.
Un plan de lucha en expansión
La convocatoria al paro del 11 de febrero se inscribe en una estrategia de plan de lucha progresivo, que podría profundizarse en función de lo que ocurra en el Congreso Nacional con el tratamiento de la reforma laboral.
“De acuerdo a lo que voten los legisladores y a la respuesta del Gobierno, las medidas de acción directa van a recrudecer. Hasta que no se caiga la reforma laboral y no se abran paritarias para discutir salarios dignos y condiciones laborales urgentes, la conflictividad va a continuar”, advirtió la dirigente.
La concentración y movilización previstas para la jornada de paro tendrán lugar y horario a confirmar, y se realizarán en sintonía con acciones que se replicarán en distintas provincias del país.
