En sintonía con la masiva jornada nacional de protesta, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Mendoza participó este jueves de la concentración y marcha en defensa de la universidad pública, tras el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, que había contado con amplio respaldo parlamentario y acaba de ser refrendada en la Cámara de Diputados.

La movilización, que reunió a gremios, estudiantes y docentes, tuvo como eje central denunciar lo que consideran un “ataque directo” al derecho a la educación superior gratuita y de calidad.

Roberto Macho, secretario general de ATE Mendoza, cuestionó duramente la decisión presidencial:

“Peleando en conjunto con todos los trabajadores, los estudiantes, los compañeros docentes, estamos diciendo basta a estas políticas de odio que está implementando Milei en contra de los universitarios, como lo hizo con los jubilados, con los discapacitados y con los trabajadores. No puede vetar el presupuesto universitario. Lo que quiere Milei es un pueblo ignorante para poder manejarlo, y no lo va a poder hacer”.

El dirigente remarcó el rol histórico de las universidades públicas en el desarrollo social y profesional de los argentinos:

“¿Quién no se ha recibido, no ha hecho un curso, una capacitación o una carrera en una universidad pública? Eso es lo que tenemos que defender como un proyecto de Estado que ha nacido en nuestra propia Argentina y que tiene que seguir adelante”.

Desde ATE Mendoza subrayaron que la defensa del financiamiento universitario forma parte de una lucha más amplia por los derechos sociales, laborales y económicos que consideran en riesgo bajo la actual gestión.

“Acompañamos la lucha de los trabajadores, de los estudiantes y fundamentalmente de la universidad, para que tenga el presupuesto que corresponda para salir adelante”, concluyó Macho.

La jornada de protesta en Mendoza se enmarca en una serie de acciones que se replicaron en distintos puntos del país, con fuerte respaldo de la comunidad educativa y de sindicatos que exigen al Ejecutivo nacional respetar la decisión del Congreso y garantizar la continuidad del financiamiento para las universidades públicas.