El PJ ante su hora de definición.

La confirmación del acuerdo entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner para conducir el Partido Justicialista bonaerense fue presentada como una señal de madurez política. El peronismo de la provincia más grande del país logró evitar una interna abierta, selló una conducción compartida y postergó —una vez más— la discusión de fondo sobre el liderazgo nacional hacia 2027. En términos formales, la foto es de unidad. En términos políticos, es un pacto de convivencia.

El contraste con Mendoza es inmediato. Mientras en Buenos Aires se ordena la conducción partidaria mediante un acuerdo entre sus principales actores, el PJ mendocino entra a un proceso electoral municipal dividido, con listas armadas desde arriba, judicialización del método interno y sectores que evalúan competir por fuera del partido. Dos escenas opuestas dentro del mismo movimiento.

La pregunta es inevitable: ¿el acuerdo bonaerense expresa la realidad del peronismo y la crisis mendocina es un fenómeno marginal, fuera de foco? ¿O, por el contrario, la unidad entre Kicillof y Máximo es un acuerdo de compromiso, transitorio y defensivo, mientras Mendoza muestra crudamente el estado real del PJ?

Realidades no tan diferentes.

Buenos Aires exhibe capacidad de negociación entre bloques con volumen político propio. Allí, el costo de una interna era demasiado alto: riesgo de fractura, debilitamiento frente al gobierno nacional y exposición anticipada de una disputa que inevitablemente reaparecerá en 2027. El acuerdo permite ganar tiempo, preservar estructura y sostener gobernabilidad. Pero no resuelve el problema de fondo: quién conduce el peronismo y con qué proyecto.

Mendoza, en cambio, carece de ese margen. Sin un liderazgo provincial consolidado, con derrotas recientes y con el peronismo reducido a enclaves territoriales, la disputa no se procesa políticamente sino administrativamente. El resultado es cierre de listas, concentración de decisiones y traslado del conflicto a la Justicia. Allí donde no hay síntesis política, emerge el procedimiento.

Dos estrategias en tensión

La fractura mendocina no puede leerse solamente como una pelea entre sectores internos, nombres propios o aparatos. Tampoco como una simple disputa entre intendentes y kirchnerismo. Lo que está en juego es algo más estructural: dos estrategias históricas que atraviesan al movimiento nacional justicialista desde su origen.

Por un lado, una lógica de adaptación al orden existente, centrada en la gestión, la territorialidad y la negociación permanente con el poder real. Por otro, una estrategia de confrontación política, que busca construir un bloque alternativo frente al modelo dominante y disputar sentido, programa y rumbo económico.

No son corrientes circunstanciales ni fracciones menores: son las dos grandes tendencias del peronismo. Una prioriza gobernabilidad y administración del presente; la otra plantea acumulación política para transformar correlaciones de fuerza. Esa tensión atraviesa hoy tanto el acuerdo bonaerense como el conflicto mendocino.

Esto no niega, desde luego, las disputas por protagonismo, control de cajas, armado de listas o posiciones personales. Pero esos intereses se montan sobre una divergencia estratégica más profunda: cómo pararse frente al experimento radical-libertario que gobierna el país y la provincia.

En Buenos Aires, ambas estrategias acordaron convivir bajo un mismo techo, postergando la resolución del conflicto. En Mendoza, esa convivencia fracasó y la disputa se expresa de manera abierta.

La unidad bonaerense, entonces, no desmiente los problemas del PJ: los encapsula. No resuelve, sólo posterga. El acuerdo entre Kicillof y Máximo Kirchner no sintetiza un proyecto común; administra una contradicción. Es un pacto de compromiso entre dos estrategias que siguen siendo divergentes, sostenido por la necesidad inmediata de evitar una fractura mayor, pero sin saldar el interrogante central: qué peronismo se quiere construir frente al nuevo ciclo político nacional.

Mendoza no es una anomalía: es la versión descarnada del mismo problema. Allí donde no hay margen para acuerdos de cúpula, donde el peso territorial es menor y las derrotas recientes dejaron menos espacio para la ambigüedad, el conflicto emerge sin maquillaje institucional. La judicialización, las listas cerradas y la amenaza de competir por fuera no son desviaciones del sistema: son su consecuencia lógica.

No se trata, entonces, de que Buenos Aires haya “ganado tiempo” y Mendoza lo esté “perdiendo”. Se trata de que Buenos Aires eligió congelar la disputa estratégica bajo una fórmula de convivencia, mientras Mendoza la expone de manera directa. Uno administra la contradicción; el otro la pone en escena.

¿Problemas de unidad?

Tampoco la salida puede formularse en términos abstractos de “unidad”. La unidad, en sí misma, no resuelve nada cuando lo que colisiona son dos orientaciones históricas del movimiento justicialista: una que privilegia adaptación, gestión y negociación con el poder real; otra que plantea confrontación política y reconstrucción de un bloque alternativo. No son diferencias tácticas menores: son proyectos incompatibles frente al modelo económico y social en curso.

Por eso el conflicto no es coyuntural ni reducible a egos, cargos o cajas, aunque todo eso exista. Es una disputa estratégica sobre cómo pararse frente al experimento libertario y qué rol debe ocupar el peronismo en esta etapa.

En ese marco, 2026 aparece como un año bisagra. No porque garantice una síntesis automática, sino porque es el año en el que el PJ deberá definir —explícita o implícitamente— qué tendencia prevalece, qué estrategia ordena al conjunto y qué tipo de oposición está dispuesto a desarrollar. Si ese debate vuelve a ser reemplazado por acuerdos defensivos o cierres administrativos, 2027 no traerá sorpresas: solo confirmará un proceso de desgaste que ya está en marcha.