¿Que respaldan los latinoamericano y norteamericano?

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro bajo cargos vinculados al narcotráfico, no solo reconfiguró el escenario político regional, sino que activó un fenómeno más profundo y menos visible: la consolidación de una legitimidad basada en el resultado antes que en el procedimiento. Así lo refleja la encuesta de AtlasIntel realizada en enero de 2026, sobre una muestra de 11.285 personas en las tres Américas.

El dato más destacado del estudio es también el más revelador: el 60,1% de los latinoamericanos aprueba la operación militar que arrestó a Maduro. Sin embargo, la clave interpretativa no reside únicamente en el nivel de apoyo, sino en por qué ese apoyo se produce y cómo convive con principios históricamente centrales como la soberanía nacional y la no intervención.

Lejos de expresar una adhesión doctrinaria al intervencionismo, los resultados sugieren la presencia de un clima emocional regional marcado por la fatiga frente a regímenes percibidos como irreversibles por las vías institucionales tradicionales. En ese contexto, la operación es evaluada menos como un acto jurídico o geopolítico y más como una respuesta eficaz a un problema considerado estructural.

Esta lógica se observa con nitidez al desagregar los datos entre venezolanos. Mientras que el respaldo general alcanza el 57,7%, entre quienes residen actualmente en Venezuela desciende al 46,7%. En contraste, la diáspora venezolana manifiesta un apoyo del 90,8%. La distancia territorial no diluye la emocionalidad; por el contrario, parece amplificarla. El exilio refuerza una narrativa donde el desenlace —la caída del líder— adquiere un peso simbólico mayor que los medios empleados para lograrlo.

La encuesta también muestra que el 54,9% cree que la intervención contribuirá al restablecimiento de la democracia, aunque casi un tercio considera que no lo hará. Este dato revela una validación condicional: se aprueba la acción no tanto por la certeza del éxito institucional, sino por la percepción de que algo debía hacerse. En términos políticos, se trata de una legitimidad por contraste: la acción se justifica frente a la ausencia de alternativas creíbles.

El tratamiento de la soberanía confirma esta lectura. Ante la condena de diversos gobiernos internacionales que calificaron la intervención como una violación del principio soberano, el 45,4% de los encuestados se manifestó en desacuerdo con dicha condena, priorizando el derrocamiento del régimen por sobre la defensa abstracta del Estado-nación. No obstante, un 37,8% sostuvo la postura opuesta, lo que indica que el principio no desaparece, pero queda subordinado en contextos de alta degradación institucional percibida.

Un punto particularmente sensible emerge cuando se introducen los intereses económicos de Estados Unidos. Las declaraciones del presidente Donald Trump, que explicitó los objetivos comerciales estadounidenses en Venezuela, generan incomodidad incluso entre quienes respaldan la intervención: el 41,6% considera que dichas afirmaciones deberían ser condenadas, frente a un 51,5% que las relativiza bajo el argumento de beneficios potenciales para el país. Aquí aparece una frontera clara: el respaldo emocional a la acción no implica una confianza plena en las motivaciones del actor que la ejecuta.

Finalmente, el estudio expone una brecha relevante entre opinión pública y posicionamientos gubernamentales. En varios países, el desacuerdo con la postura oficial frente a la intervención supera al acuerdo, lo que sugiere una desconexión entre la diplomacia formal y los climas emocionales dominantes en la ciudadanía.En conjunto, los datos no describen una región alineada ideológicamente con Estados Unidos, ni una América Latina que haya abandonado sus principios históricos. Lo que revelan es algo más complejo: una disposición creciente a aceptar soluciones excepcionales cuando el relato del colapso —dictadura, narcotráfico, crisis humanitaria— se vuelve dominante y emocionalmente verosímil. En ese marco, la legitimidad ya no se construye por el respeto estricto a las reglas, sino por la promesa —explícita o implícita— de cierre de una etapa percibida como insoportable.