La renovación de la Ruta Provincial 82 es una obra importante para Mendoza. Mejora la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo turístico. Nadie discute eso.

Lo que sí se discute —y con razón— es por qué el costo de una obra que beneficia a toda la provincia pretende ser trasladado casi exclusivamente a los vecinos de Luján de Cuyo, a través de un recargo en el Impuesto Inmobiliario.

Cuando una obra es utilizada por miles de mendocinos, por turistas, por el transporte productivo y por quienes circulan diariamente desde distintos puntos de la provincia, no puede financiarse como si fuera un beneficio privado o barrial.

A esto se suma un dato que no puede ser ignorado:
los vecinos de Luján de Cuyo llevan más de dos años conviviendo con los movimientos y molestias propias de la obra.
Durante ese tiempo ya aportaron como cualquier mendocino, a través del impuesto a los combustibles y del impuesto automotor.
Además, soportaron una doble imposición vinculada a la reparación y ejecución de la obra.
Y ahora, una vez más, se les pretende volver a cobrar el costo, concentrándolo solo en Luján.

Más aún cuando muchos de esos mismos vecinos:

• siguen sin acceso pleno a agua potable,

• no cuentan con cloacas,

• padecen problemas de transporte público,

• y conviven con obras inconclusas o postergadas.

El problema no es la obra.
El problema es la falta de equidad y la ausencia de defensa del vecino.

Mientras el gobierno provincial avanza con este esquema de cobro, el municipio guarda silencio. Y cuando Provincia y Municipio se ponen de acuerdo, alguien tiene que preguntar, controlar y poner límites.

Luján necesita una voz que defienda a sus vecinos frente a decisiones injustas, que controle al poder y que no mire para otro lado cuando la cuenta siempre la pagan los mismos.

Porque una obra linda no siempre es una obra justa.
Y gobernar bien también es decidir quién paga y quién se hace cargo.