—¿Cómo llegan los trabajadores estatales a este fin de año en Mendoza?
—Llegan atravesando una situación muy compleja. Hablamos de una Navidad empobrecida para miles de familias trabajadoras. Hoy un trabajador estatal esencial, con 40 horas semanales, ronda los 700 mil pesos, un salario que está muy por debajo de la canasta básica. No hay paritarias abiertas y los aumentos que se otorgaron fueron por decreto, sin negociación ni diálogo, lo que rompe con una herramienta central de la democracia sindical.

—¿Qué consecuencias concretas tiene este escenario en el Estado provincial?
—Tiene múltiples consecuencias. Por un lado, la precarización laboral se profundiza: tenemos más de 2.300 trabajadores en situación informal y no hay pases a planta permanente desde 2019. Por otro, se está produciendo una fuga de profesionales, especialmente en el sector de la salud, donde médicos, enfermeros y técnicos renuncian porque no pueden sostenerse con estos salarios y condiciones de trabajo. Eso impacta directamente en la calidad de los servicios que recibe la población.

—Desde el gremio también vienen denunciando desigualdades dentro del propio Estado. ¿A qué se refieren?
—Mientras a los trabajadores se les niegan aumentos reales y fondos estímulo, vemos privilegios salariales para funcionarios con sueldos muy elevados, que no están alcanzados por las mismas exigencias ni por la reforma laboral que se intenta imponer. Hay una clara doble vara que genera más bronca y malestar en las bases.

—Otro punto que aparece con fuerza es la salud mental de los trabajadores. ¿Qué están observando?
—Estamos viendo un incremento sostenido de licencias psiquiátricas. Hay cuadros de angustia, estrés y desgaste que se profundizan por la persecución, el hostigamiento y la ausencia total de políticas de cuidado. Los trabajadores llegan a las fiestas con miedo, con incertidumbre y con un nivel de presión que no es sano ni individual ni colectivamente.