En la antesala de una sesión que puede redefinir la política minera de Mendoza, el diputado José Luis Ramón retomó un rol de alta visibilidad pública al convocar a la ciudadanía a concentrarse frente a la Legislatura este miércoles a las 10 de la mañana. Su llamado llega en el momento en que el oficialismo provincial logró dictámenes favorables para tratar cuatro iniciativas consideradas estratégicas por el Gobierno: el Fondo de Compensación Ambiental, la nueva ley de regalías mineras, la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino y las 27 DIAs del Distrito Minero Occidental de Malargüe.

Ramón planteó su posición de manera directa: “La licencia política no es lo mismo que la licencia social”, afirmó, denunciando que el Ejecutivo “pretende avanzar sin el consenso que necesitan proyectos de esta magnitud”. La frase condensa un concepto que ha atravesado 20 años de discusión minera en Mendoza y que vuelve a irrumpir ahora como núcleo de la oposición al avance del cobre y la ampliación de las áreas de exploración.

En un escenario donde el oficialismo tiene asegurados los votos y el peronismo optó por la abstención o la ausencia en comisiones, la figura del diputado de Protectora se convirtió en la principal referencia política del rechazo. Junto a Emanuel Fugazzotto, Valentina Morán y Jorge Difonso, firmó los dictámenes en minoría que cuestionan la velocidad y profundidad del análisis de los expedientes, aunque fue Ramón quien tomó la iniciativa de trasladar la discusión a la calle.

La sesión de este miércoles será la primera en la que la Cámara de Diputados vote un proyecto de explotación minera de importancia, en este caso el de PSJ Cobre Mendocino, ubicado a 37 kilómetros de Uspallata. A eso se suma la ampliación del distrito exploratorio de Malargüe, que alcanzaría 65 proyectos activos si las nuevas DIAs son aprobadas.

En este contexto, la convocatoria de Ramón funciona como un intento explícito de reequilibrar el debate entre la legitimidad institucional —que el Gobierno afirma haber consolidado— y la legitimidad social, que el legislador considera ausente. Su movimiento reabre un eje que parecía adormecido desde la reforma fallida de la Ley 7.722 en 2019, y lo reposiciona como un actor capaz de tensar la discusión más allá del recinto.

Si los proyectos se aprueban, el Senado podría tratarlos el 9 o el 16 de diciembre. Pero la foto política de este miércoles dejará una señal clave: si la resistencia convocada por Ramón logra volumen en la calle o si predomina la lectura del oficialismo de que la etapa minera de Mendoza ya tiene vía libre para comenzar un nuevo ciclo.