El abogado especializado en Defensa del Consumidor cuestionó duramente el avance del proyecto minero y señaló que responde a un modelo político importado que requiere un Estado debilitado para prosperar.

El abogado mendocino y especialista en Defensa del Consumidor, Mario Vadillo, lanzó duras críticas al avance del proyecto minero San Jorge y aseguró que forma parte de “un plan político importado” que busca instalar en Mendoza “una minería sin controles”. Según afirmó, no se trata de un emprendimiento aislado, sino de una estrategia que replica el mismo esquema que empresas mineras multinacionales han aplicado en otros países de la región.

“En Mendoza ya no se discute minería: se ejecuta un plan político importado, el mismo libreto que las megamineras han aplicado durante décadas en Chile, Perú, Colombia, México y África”, señaló. Para Vadillo, este modelo no es creación local sino una adopción deliberada. “Cornejo no lo inventó: lo adoptó. Porque es un modelo que solo prospera donde el Estado se subordina, donde los controles son decorativos y donde algunos actores económicos locales ven negocios fáciles a su alrededor”, expresó.

El abogado remarcó que San Jorge “no es un emprendimiento económico más”, sino “la pieza piloto para instalar una minería sin fiscalización real, sostenida por una campaña que promete progreso pero oculta un mecanismo de poder diseñado para evitar la supervisión”. En su análisis, este tipo de proyectos avanza únicamente en contextos institucionales debilitados. “El sistema republicano dejó de funcionar en la práctica. Los organismos de control están vaciados y un mismo espacio político controla los tres poderes del Estado. Ese es el escenario donde estos planes prosperan”, afirmó.

Vadillo describió un clima de instituciones alineadas: una Suprema Corte “moldeada en gestiones previas”, un Tribunal de Cuentas “dócil”, una Oficina de Ética Pública “sin independencia”, entes reguladores “reducidos a sellos administrativos”, Irrigación “bajo mando político directo” y una Legislatura “con mayoría automática que simula debate”. En ese marco, aseguró que “cualquier iniciativa riesgosa avanza sin freno, sin auditorías y sin discusión real”.

Para el abogado, el avance de San Jorge repite un esquema que se ha visto en otros países con conflictos mineros. Primero —dice— se genera fractura social, con promesas de empleo, operadores recorriendo comercios y el planteo de una falsa dicotomía entre “progreso” y “atraso”. Luego aparece un “blindaje mediático”, acompañado por una narrativa uniforme que minimiza impactos ambientales. Y, en paralelo, se instala lo que denomina “pseudo-ciencia”: informes pagados por consultoras contratadas que reemplazan estudios independientes. “No evalúan riesgos; los diluyen”, cuestionó.

Vadillo también apuntó a la reinterpretación de marcos legales como la Ley 7722 y la Ley de Glaciares. “Cuando las leyes se interponen, no las modifican: las reinterpretan. Achican la definición de periglaciar, minimizan consumos inadmisibles y ajustan los dictámenes para hacer entrar una mina donde la propia letra de la ley dice que no puede estar”, aseguró.

El abogado recordó varios antecedentes de contaminación en Mendoza y advirtió que la falta de controles no es una amenaza teórica. “YPF contaminó acuíferos en plena zona vitivinícola y nadie lo remedió. Sierra Pintada acumula miles de tachos de uranio abandonados. Aysam volcó cloacas crudas en canales que riegan Guaymallén y Lavalle. Esto no es un riesgo hipotético: es la prueba empírica de lo que ocurre cuando el Estado mira para otro lado”, sostuvo.

En su planteo, la discusión central que enfrenta Mendoza no es sobre el proyecto San Jorge, sino sobre la existencia o no de organismos que garanticen procesos transparentes. “El debate verdadero para el futuro de Mendoza no es San Jorge sí o no; es controles sí o no. Con auditorías independientes cualquier actividad productiva puede funcionar. Sin eso, cualquier actividad es un riesgo”, afirmó.

Vadillo también cuestionó el argumento oficial de “licencia social”, señalando que el resultado electoral no implica un respaldo directo a la megaminería. “Una elección general no es un plebiscito minero. La gente votó por seguridad, inflación y servicios; no votó diques de cola ni reinterpretaciones ambientales”, sostuvo.

Finalmente, el abogado advirtió sobre las consecuencias a largo plazo. “Si existieran controles reales, San Jorge no pasaría. Y si el pueblo no frena este plan, lo frenará la realidad. El agua no negocia, no cede y no perdona improvisación. La minería sin controles no deja desarrollo: deja cicatrices y contaminación”, concluyó.