El diputado José Luis Ramón encendió el debate sobre el proyecto Minera San Jorge, durante el plenario de comisiones en la Legislatura, al poner bajo la lupa los números que la empresa presentó en su Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Según el legislador, los datos económicos exhibidos por la compañía presentan “inconsistencias” y dejan muchas preguntas sin responder.
Ramón sostuvo que la minera declara una inversión total de $559.000 millones, pero sin precisar cómo se distribuye esa cifra ni cuánto de ese dinero quedaría efectivamente en la economía mendocina. “No vemos cómo se desglosa esa inversión; incluye maquinaria y consultorías externas que no necesariamente impactan en la provincia”, advirtió durante su exposición.
El diputado fue más allá y apuntó contra lo que considera una subestimación de los tributos que debería aportar la empresa. Basándose en los propios informes de San Jorge, señaló que el yacimiento proyecta extraer 653.441 toneladas de cobre y una cantidad considerable de oro en 16 años, lo que —a valores actuales de mercado— representaría ingresos por 7.558 millones de dólares. Sin embargo, la compañía prevé un aporte total en regalías e impuestos de apenas 1.315 millones de dólares, cuando, según sus cálculos, el monto debería rondar los 2.700 millones.
Ante estas observaciones, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, salió al cruce. Respondió que las estimaciones económicas no forman parte del análisis técnico de la DIA, y acusó a Ramón de “poner el carro delante del caballo”. Latorre explicó que las precisiones sobre la factibilidad económica del proyecto recién se evaluarán en una etapa posterior, tal como lo establece el artículo 44 del Código de Procedimiento Minero.
El intercambio tuvo lugar en el marco del debate por la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge, que actualmente se analiza en cuatro comisiones de la Legislatura: Legislación y Asuntos Constitucionales; Economía, Energía, Minería e Industrias; Ambiente y Recursos Hídricos; y Derechos y Garantías Constitucionales.
Mientras el tratamiento avanza, el caso San Jorge vuelve a exponer las tensiones entre el impulso minero y las dudas sobre sus beneficios concretos para Mendoza. Ramón puso el foco en la transparencia y el reparto real de la riqueza, mientras que desde el Ejecutivo piden paciencia técnica y aseguran que el proceso aún está lejos de su definición final.
En medio de ese cruce, el debate no parece solo económico, sino también político: ¿qué significa “beneficio para Mendoza” cuando los grandes proyectos extractivos se discuten entre planillas de Excel y estimaciones a 16 años?
