—¿Cómo describiría la situación actual del sistema sanitario provincial?
—Estamos ante una crisis profunda. El Gobierno de Alfredo Cornejo y el ministro de Salud, Rodolfo Montero, se niegan a abrir paritarias, a cumplir los acuerdos alcanzados y a reconocer como profesionales a los Licenciados en Enfermería.
Estos trabajadores están contemplados en la Ley 7799, cumplen 36 horas semanales y deberían pertenecer a otro régimen salarial, pero el Ejecutivo ignora lo acordado en las actas paritarias del 15 de agosto de 2024. Es un incumplimiento grave, porque los acuerdos tienen rango legal y están firmados por ambas partes.
—¿Qué acciones tomó ATE Mendoza ante estos incumplimientos?
—Ya realizamos las intimaciones y Pronto Despacho correspondientes. Consideramos que se trata de una falta grave de gestión y de un claro incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por eso, desde ATE hacemos reserva de iniciar acciones jurídicas en las cámaras laborales provinciales y federales, porque los trabajadores tienen toda la documentación que acredita su condición profesional.
El Gobierno tiene que cumplir con la ley y con los acuerdos que firmó.
—Usted también mencionó falencias en materia de seguridad e higiene laboral. ¿Qué ocurre en ese aspecto?
—El Ministerio de Salud incumple de manera sistemática con las medidas de Seguridad, Higiene y Bioseguridad. No entrega la indumentaria ni los elementos necesarios para proteger a los trabajadores, como chalecos y paredes plomadas en salas de Rayos X, gafas o ambos.
Hay enfermeros que deben comprar su propia ropa de trabajo, trasladarla entre hospitales y trabajar sin condiciones mínimas de higiene.
También faltan materiales en otras áreas, como mantenimiento o producción, donde los trabajadores no cuentan con herramientas ni protección. A esto se suma el deterioro edilicio de los centros de salud y postas sanitarias, algunos incluso sin acceso al agua.
Todo esto demuestra un vaciamiento del sistema sanitario, que afecta tanto a los trabajadores como a la calidad de atención de los pacientes.
—¿Qué impacto tiene esta situación en la salud mental y el bienestar de los trabajadores?
—Gravísimo. El Gobierno tampoco cumple con la Ley de Salud Mental 26.657, porque no existen equipos interdisciplinarios que acompañen a los trabajadores expuestos a situaciones críticas, enfermedades o incluso la pérdida de compañeros.
El abandono del Ministerio de Salud es total. No cuidan a quienes sostienen el sistema sanitario, y eso tiene consecuencias directas en la población.
—¿Cómo describiría la política salarial del Gobierno provincial?
—Es una política de hambre. Los trabajadores de la Salud, Desarrollo Social, IPV y Deportes están cobrando sueldos ínfimos. Un enfermero hoy gana $650.000, muy por debajo de la canasta alimentaria.
En paritarias, el Gobierno intentó coaccionar a los sindicatos para aceptar una reforma laboral regresiva, que recorta derechos históricos a cambio de un aumento. Quieren que los trabajadores renuncien por escrito a licencias especiales, adicionales en blanco o derechos por maternidad o violencia de género.
En definitiva, Cornejo aplica una política de hambre para empujar a los estatales a renunciar y abrirle la puerta a la privatización de la Salud y el Desarrollo Social.
—¿Qué reclamos concretos mantiene hoy ATE Mendoza?
—Exigimos la inmediata apertura de paritarias y el cumplimiento de todos los acuerdos firmados. Queremos un aumento salarial digno, sin coacciones ni condicionamientos, y el reconocimiento efectivo de los Licenciados en Enfermería como profesionales.
Además, reclamamos que se cumplan las normas de seguridad e higiene y que se termine la persecución política contra los trabajadores que reclaman.
El Gobierno debe dejar de mirar hacia otro lado y empezar a garantizar derechos básicos a quienes sostienen el sistema sanitario público.
