La dinámica financiera argentina vuelve a mostrar que las expectativas del mercado pesan tanto como las decisiones oficiales. Los contratos de dólar futuro, los precios implícitos en las Lecap y las coberturas que se multiplican en el Rofex ya proyectan un escenario en el que el dólar se ubica por fuera del esquema de bandas, con valores superiores al techo fijado por el Banco Central. En otras palabras, los inversores descuentan que, tras las elecciones de octubre, el régimen cambiario vigente tiene altas chances de dejar de existir.

El mercado vota antes que las urnas

Si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, insiste en que las bandas se mantendrán “hasta que pierdan relevancia”, los hechos muestran otra cosa. Actualmente, un tercio de las posiciones de dólar futuro pactadas para después de las elecciones ya cotizan por encima del techo previsto. A partir de diciembre, esa tendencia se acentúa: los precios implícitos se alejan aún más del rango oficial.

No es novedad que en los años electorales el mercado se adelante a las urnas: los inversores suponen que el gobierno pospone cualquier medida impopular y esperan movimientos de mayor calado apenas pase la contienda. Esa percepción alimenta la volatilidad financiera, que se traduce en tasas más altas, presión cambiaria y un clima de incertidumbre que golpea directamente en la economía cotidiana.

Un esquema en crisis

El propio funcionamiento de las bandas cambiarias queda en entredicho. La lógica original era simple: si el dólar se acercaba al techo, las tasas de interés debían ajustarse para desalentar la demanda de divisas. Pero hoy, ese mecanismo perdió efectividad. Como señalan analistas de MegaQM, “el proceso electoral parece estar jugando como un quiebre en las expectativas”, desdibujando la relación entre tasa, dólar y confianza en la capacidad del gobierno de sostener el esquema.

En paralelo, la estrategia oficial de intervenir en futuros y endurecer la política monetaria con encajes más altos busca contener el desborde. Sin embargo, se trata de medidas que profundizan el ajuste financiero, encarecen el crédito y enfrían la actividad.

El costo social de la incertidumbre

Lo que en el lenguaje técnico aparece como “volatilidad” y “expectativas de devaluación”, en el plano social se traduce en otra cosa: salarios licuados, precios que se remarcán a ritmo de cobertura cambiaria y una sensación de inestabilidad permanente en los hogares. La inflación se acelera cuando los formadores de precios descuentan un dólar más caro a futuro, aun cuando la devaluación todavía no ocurrió.

Las familias, atrapadas entre tarifas en alza, créditos inaccesibles y salarios que pierden poder adquisitivo, experimentan en carne propia la especulación financiera. Para los sectores medios y populares, el “fin de las bandas” no es un debate abstracto, sino el anticipo de una nueva ola de aumentos en alimentos, alquileres y bienes básicos.

Entre la política y el mercado

El trasfondo es político. Los inversores observan las elecciones como un evento definitorio: el resultado en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional determinará si el oficialismo logra sostener su programa económico y, eventualmente, avanzar en reformas laborales, previsionales y tributarias. La incertidumbre sobre esa continuidad es lo que alimenta la dolarización preventiva.

El problema es que, más allá de la estrategia del equipo económico, el mercado ya se comporta como si el régimen de bandas hubiera caducado. Los contratos de futuros descuentan un dólar en torno a los $1.300–$1.350 para fin de año, mientras el techo oficial está fijado en $1.450. La tensión se acumula y, como siempre en la Argentina, amenaza con resolverse de golpe.

Una transición con riesgos

La lectura predominante entre los analistas financieros es que el Gobierno logrará sostener el esquema hasta octubre, aunque a costa de un fuerte “apretón” monetario. El riesgo es que ese mismo ajuste multiplique la recesión, frene la actividad y agrave la tensión social. La apuesta oficial parece ser que la estabilidad nominal –aunque sea precaria– alcance hasta las elecciones.

Pero el costo de esa estrategia lo pagan los trabajadores y las pymes, que deben operar con crédito prohibitivo, demanda debilitada y precios en alza. Si tras los comicios se confirman los cambios en el régimen cambiario, el impacto podría ser todavía mayor: una devaluación abrupta multiplicaría la pobreza y la desigualdad en un país donde más de la mitad de los trabajadores informales ya viven bajo la línea de indigencia.