La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) expresó su postura frente al tratamiento en la Cámara de Senadores del proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo, que propone la creación de un nuevo adicional salarial para trabajadores de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ) y de la Dirección General de Protección de Derechos (DGP) del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE.

Desde el sindicato sostienen que, si bien el “Adicional Cuidado Directo y Permanente” reconoce formalmente la complejidad, el riesgo y la carga emocional del trabajo con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad o en conflicto con la ley, el proyecto “resulta incompleto, inconsulto y deja grietas importantes en los derechos laborales de quienes todos los días sostienen con su cuerpo y compromiso una de las tareas más difíciles del Estado”.

Una demanda histórica

Para ATE, esta propuesta responde a un reclamo de larga data. “Hace años que venimos exigiendo el reconocimiento salarial y profesional para el personal que trabaja directamente en hogares, dispositivos de contención y centros socioeducativos”, recordaron en un comunicado. “Sin embargo, este proyecto fue elaborado sin la participación de quienes protagonizamos esa tarea. No fuimos convocados ni consultados”.

El adicional propuesto consiste en un 50% del salario básico (exceptuando el Ítem Paritaria 2022 – Régimen 15), con carácter remunerativo pero no bonificable, lo que significa que no se computará para el cálculo de aguinaldos, jubilaciones ni adicionales futuros. “Este es un punto central. Si el Estado reconoce la importancia del cuidado directo, entonces ese reconocimiento debe ser pleno, estable y progresivo, no un bono condicionado”, señalaron desde ATE.

“Premiar la permanencia no puede ser castigar la licencia”

Otro aspecto que generó rechazo en el gremio es la cantidad de restricciones que establece el proyecto para el cobro del adicional. De acuerdo al texto legal, los trabajadores no percibirán el adicional si se encuentran con licencias prolongadas por salud mental, licencias gremiales, suspensiones o incluso si están bajo investigación administrativa. Para ATE, esto configura “una penalización encubierta a situaciones que deben ser protegidas por el régimen laboral”.

“Nos preocupa especialmente el sesgo disciplinador que tiene el proyecto. En lugar de reconocer la sobrecarga y el desgaste emocional de quienes trabajamos con niños y jóvenes en situación de riesgo, el proyecto establece un régimen de premios y castigos que reproduce la precarización”, alertaron.

Capacitación sí, pero con presupuesto y planificación

El proyecto también plantea que se considerarán criterios de antigüedad, desempeño y capacitación para otorgar el adicional. Si bien ATE valora la formación continua, advierte que “no se puede exigir capacitación si el propio Estado no garantiza los recursos, el tiempo y las condiciones para acceder a ella”.

En este sentido, el sindicato reclamó que la gradualidad de la implementación, prevista en el artículo 6 del proyecto, no sea una excusa para dilatar derechos: “Sabemos que cuando algo se deja a disponibilidad presupuestaria, corre riesgo de quedar congelado o implementarse de forma arbitraria. Queremos un cronograma claro y que se escuche la voz de los trabajadores en ese proceso”.

El cuidado como política pública

Finalmente, ATE subrayó que este debate no puede reducirse a una mejora salarial. “Lo que está en juego es el modelo de cuidado que el Estado elige promover. Si de verdad queremos priorizar el bienestar de niños, niñas y adolescentes en situaciones críticas, necesitamos equipos estables, capacitados y con condiciones dignas de trabajo”, afirmaron.

Y concluyeron: “No alcanza con un adicional. Hace falta una política integral que reconozca el rol esencial del cuidado, no como un acto voluntarista o de vocación, sino como una responsabilidad profesional que debe ser protegida, jerarquizada y fortalecida desde el Estado”.